“No hay motivo para declarar la emergencia económica en la Argentina”
Lo dijo el diputado nacional chubutense Gustavo Menna, al hacer un
pormenorizado análisis del proyecto enviado al Congreso de la Nación
por parte del Gobierno Nacional.
El diputado nacional chubutense Gustavo Menna (UCR-Cambiemos) aseguró
que “no hay motivo para declarar la emergencia económica” como pretende el
Gobierno Nacional de Alberto Fernández que envió al Congreso un proyecto de
ley que, luego de un pormenorizado análisis, fue refutado por el legislador.
“No hay motivo para declarar la emergencia. Se trata de una previsión
excepcional contenida en el artículo 76 de la Constitución Nacional. Y no
concurren en el caso los supuestos que habiliten algo tan grave como delegar
atribuciones del Congreso en el Poder Ejecutivo. Es una excepción que
desbarata el diseño constitucional del poder y la división e independencia de
los poderes de la república”, dijo Menna.
El diputado chubutense afirmó: “Contrariamente a la noción de ‘tierra arrasada’
que se ha querido instalar, probablemente con la intención de justificar el
otorgamiento de la suma del poder público en el Poder Ejecutivo; más allá de
las dificultades económicas que vienen de arrastre por una recesión que, con la
excepción del año 2017 viene de más de una década atrás, la situación de hoy
ni siquiera se asemeja al contexto que enmarcó, por ejemplo, la sanción de la
ley 25.561”, en alusión a la ´declaración de emergencia pública en materia
social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, del año 2002.
En este sentido Menna enumeró: “El índice de desempleo está por debajo del
promedio de los últimos 36 años (11% es el promedio, 10,6% el índice actual);
el stock de deuda en relación al PBI está en el orden del 50%; el déficit fiscal
primario bajó del 5,8 % del PBI a fines de 2015 a un 1% este año; el déficit
fiscal total bajó del 5,1% al 3,8% y lo que es más relevante en orden a crecer y
desarrollar la economía: después de haber perdido el superávit comercial en
2009, Argentina lleva más de un año de superávit”.
Es decir, el país “genera divisas genuinas al exportar por más valor que el que
importamos, al punto que el año cerrará con un saldo positivo de más de u$s
15.000 millones, luego de haber abierto más de 200 mercados, muchos de
ellos para economías regionales, como en el caso de mi provincia lo fue para la
carne ovina o las cerezas”.
En relación con aspectos puntuales, dijo Menna que “el proyecto contempla
una exorbitante e inconstitucional delegación de competencias del Congreso en
el Poder Ejecutivo, que incluyen materias prohibidas como lo son las tributarias.
La cuestión tributaria ni siquiera puede ser abordada por DNU y ello conlleva
que tampoco pueda ser materia de delegación legislativa”.
El diputado nacional dijo por ello que “el Gobierno ha demostrado
improvisación. Sabían que tendrían la responsabilidad de gobernar desde las
PASO de agosto. Sin embargo no pudieron presentar un proyecto de
presupuesto para 2020”.
“Dijeron que el que había presentado Macri en el plazo previsto por la ley de
administración financiera era incorrecto. Están en su derecho de proponer otro
en su reemplazo. Pero tuvieron más de cuatro meses para prepararse para
tener un plan de Gobierno porque la ley de presupuesto es eso: la ley de leyes,
el plan de gobierno hecho carne y número”.
“Una prueba de la improvisación -prosiguió- y la incoherencia intrínseca del
proyecto es que por un lado se propicia la declaración de emergencia por un
año en el artículo 1°-hasta el 31 de diciembre de 2020; y en el artículo 49
plantean delegaciones al Poder Ejecutivo para aumentar retenciones hasta el
31 de diciembre de 2021, es decir, más allá del plazo de la pretendida
emergencia”.
Lo mismo ocurre con la creación del “impuesto a la compra y operaciones en
moneda extranjera al que se lo instituye por cinco períodos fiscales, esto es,
hasta el 31 de diciembre de 2024”.
Menna afirmó además que “esta emergencia ficticia se declara también para
solapar un ajuste brutal sobre los jubilados y pensionados. Sin que nadie del
oficialismo se sonroje, en el artículo 51 del proyecto se propicia suspender la
aplicación de la fórmula de la movilidad automática de los haberes que de
acuerdo al artículo 32 de la ley 24.241 debe realizarse trimestralmente”.
“Esto significa, ni más ni menos, abandonar la automaticidad de las
actualizaciones, para hacerlo a discreción del Poder Ejecutivo, y sin ninguna
pauta”, explicó.
En cuanto a los servicios, “el artículo 6, dijo Menna, propone intervenir el ENRE
y el ENARGAS”, y se preguntó: “¿Cuál es la razón que justifique intervenir los
entes de control de la energía y del gas? Es una medida arbitraria y sin
exposición de una justificación razonable”.
Por otra parte, dijo el legislador, el artículo 85 “propone una delegación abierta
y sin ningún tipo de condicionamiento para reformar la administración pública y
entes de fuente legal como los descentralizados. Esta delegación tiene
alcances insospechados: por su carácter abierto podría alcanzar, por ejemplo,
entidades autónomas como las universidades nacionales, los entes de control
interno como la SIGEN y demás”.
Por último, recapituló Menna, “el artículo 74 implica la deserción lisa y llana del
Estado en sus obligaciones indelegables en materia de salud pública, al
suspender la incorporación de nuevas prestaciones, medicamentos,
procedimientos terapéuticos, diagnósticos y tecnologías médicas al programa
médico obligatorio (PMO)”.
“Sin motivo que lo fundamente se pretende privar a la población del derecho a
ser atendido en las prestaciones más elementales”, finalizó.
